Tres directivos de Azucarera declararán como imputados en el caso del amianto

MARÍA JESÚS CACHAZO
Dos consejeros delegados de Azucarera y el responsable del área de seguridad e higiene en el trabajo comparecerán el 7 de mayo en el Juzgado como imputados, tras la querella presentada por familiares de fallecidos y afectados, presuntamente, por la exposición al amianto en la planta toresana. Así lo confirmó el abogado de los querellantes, Ramón Oria, a la salida del Juzgado de Toro en el que ayer cuatro nuevos afectados, las viudas de tres trabajadores y un empleado, ratificaron la denuncia contra la Azucarera por presuntos delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad de los trabajadores. El letrado explicó que, una vez ratificada la querella, el siguiente paso será «la declaración como imputados» de dos consejeros delegados, aunque también ha sido citado el que fuera «responsable directo» de la aplicación de medidas de higiene y seguridad en el trabajo en la Azucarera de Toro.


Explicó Oria que los responsables de la compañía que han sido citados para prestar declaración como imputados en este caso, deberán personarse en sede judicial acompañados de abogados y procuradores y tendrán que contestar a las preguntas que formule la defensa. Además el letrado señaló que, con toda probabilidad, en la declaración de los imputados estará presente el Ministerio Fiscal que podrá interrogar a los citados. No obstante, el abogado de los querellantes subrayó que el proceso «sigue abierto» por lo que es probable que más responsables de la compañía puedan ser citados, en calidad de imputados, para prestar declaración sobre los hechos denunciados y «la actuación de cada persona».


Por otra parte, el letrado destacó que, la compañía, ha intentado «obstaculizar» la petición formulada por la defensa para que prestasen declaración los máximos responsables de la Azucarera alegando que, hace años, no ostentaban cargos de responsabilidad. Sin embargo, el juez ha estimado la conveniencia de que comparecieran para tratar de esclarecer los hechos que se relatan en la querella.


Asimismo, Oria recordó que el Juzgado ha aceptado la imposición de las medidas cautelares que habían solicitado los querellantes. Con la primera de estas medidas, se prohibe a la Azucarera que, mientras se instruyen las diligencias del caso se altere cualquier elemento fijo o móvil que pudiera destruir pruebas, no sólo en la factoría toresana sino también en otros centros de la compañía. Ante esta decisión, la Azucarera ha trasladado al Juzgado su oposición, alegando que tiene que ejecutar trabajos de reparación y mantenimiento «urgentes» y que, si se prohibe su realización, tendrá que cerrar la planta de Toro. Sin embargo, la defensa de los querellantes ha reclamado que la empresa especifique de forma concreta y detallada qué trabajos tiene previsto ejecutar en las instalaciones, con el objetivo de que estas reparaciones no supongan la destrucción de posibles pruebas.